¿Qué es la psicología forense?

La psicología forense es la disciplina que aplica los principios, métodos y conocimientos de la psicología al ámbito del derecho y la administración de justicia. Su objetivo fundamental es proporcionar información técnica especializada que permita a los tribunales tomar decisiones fundamentadas sobre cuestiones que requieren conocimiento experto en comportamiento humano.

El término «forense» proviene del latín forum, que hacía referencia al espacio público donde se celebraban los juicios en la Roma antigua. Así, la psicología forense es literalmente la psicología aplicada al foro, al contexto judicial.

Es importante distinguir la psicología forense de la psicología jurídica, un término más amplio que engloba todas las aplicaciones de la psicología al ámbito del derecho, incluyendo la investigación, la mediación, la victimología y la psicología penitenciaria. La psicología forense se centra específicamente en la actividad pericial ante los tribunales.

Los primeros testimonios de psicólogos como peritos judiciales se remontan a finales del siglo XIX. En 1896, Albert von Schrenck-Notzing testificó en un juicio por asesinato en Múnich sobre la influencia de la sugestión en los testigos, marcando uno de los primeros casos documentados de participación de un psicólogo en un proceso judicial.

En España, la psicología forense se desarrolló significativamente a partir de la década de 1980, impulsada por la creación de los Juzgados de Familia y la necesidad de evaluaciones psicológicas en procesos de custodia. La aprobación de la Ley de Enjuiciamiento Civil (2000) consolidó el papel del perito psicólogo en el sistema judicial español.

Hoy, la psicología forense es una especialidad reconocida por el Colegio Oficial de Psicólogos de España, con formación de posgrado específica, protocolos de evaluación validados y una presencia consolidada en todas las jurisdicciones.

La psicología forense se sustenta en los mismos fundamentos científicos que la psicología general: el método científico, la evaluación basada en la evidencia y el uso de instrumentos psicométricos validados y estandarizados.

Los informes periciales psicológicos deben cumplir estándares de calidad científica: utilizar pruebas con propiedades psicométricas demostradas (fiabilidad, validez), seguir protocolos de evaluación reconocidos, fundamentar las conclusiones en evidencia empírica y mantener una actitud de objetividad e imparcialidad.

Organismos internacionales como la American Psychological Association (APA) y la European Association of Psychology and Law (EAPL) han publicado directrices de buenas prácticas que orientan la actividad del psicólogo forense en aspectos como la evaluación de custodia, la credibilidad del testimonio y la valoración de daño psicológico.

En el sistema judicial español, el psicólogo forense puede intervenir como perito de parte (designado por una de las partes litigantes), perito de oficio (designado por el juzgado a partir de las listas del Colegio Oficial de Psicólogos) o como técnico de los equipos psicosociales adscritos a los juzgados.

El artículo 335 de la Ley de Enjuiciamiento Civil regula la prueba pericial en el ámbito civil, mientras que los artículos 456 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal regulan la pericia en el ámbito penal. El informe pericial debe ser emitido por un profesional cualificado y puede ser sometido a contradicción en el acto del juicio.

Los ámbitos de mayor demanda de psicología forense en España son: el derecho de familia (evaluaciones de custodia, competencia parental), el derecho penal (imputabilidad, credibilidad del testimonio), el derecho laboral (acoso laboral, incapacidad) y el derecho civil (daños psicológicos, incapacitación).