Honorarios del perito judicial

Los honorarios de un perito judicial varían considerablemente según la especialidad, la complejidad del caso y si actúa como perito de parte o de oficio. No existe una tarifa oficial única: los honorarios se rigen por el libre mercado, aunque los colegios profesionales publican baremos orientativos.

En el ámbito de la psicología forense, los honorarios orientativos para un informe pericial completo (evaluación + informe + ratificación) oscilan entre 400 y 2.000 euros, dependiendo de la complejidad del caso, el número de personas evaluadas y la urgencia.

Para otras especialidades, los rangos varían: un perito médico puede cobrar entre 500 y 3.000 euros, un perito economista entre 600 y 5.000 euros, y un perito ingeniero entre 800 y 10.000 euros, dependiendo de la envergadura del caso.

El perito de parte establece libremente sus honorarios con el cliente. La tarifa se acuerda antes de iniciar el trabajo y suele incluir todas las fases: estudio documental, evaluación, elaboración del informe y ratificación judicial.

El perito de oficio tiene derecho a cobrar honorarios por su trabajo, que serán abonados por la parte que solicitó la prueba pericial o, si fue acordada de oficio por el juez, por ambas partes proporcionalmente. El perito de oficio puede solicitar provisión de fondos antes de comenzar.

En la práctica, los honorarios de los peritos de oficio suelen ser inferiores a los de los peritos de parte, ya que deben ajustarse a baremos orientativos más conservadores. Sin embargo, la experiencia adquirida y el prestigio de actuar como perito del tribunal compensan esta diferencia.

Cuando la persona que solicita el perito de oficio tiene derecho a justicia gratuita, los honorarios del perito son abonados por el Estado a través del turno de oficio, generalmente con tarifas más reducidas.

La complejidad del caso es el factor más determinante. Un caso sencillo (evaluación de una persona, cuestión pericial concreta) requiere menos tiempo y recursos que un caso complejo (múltiples evaluados, documentación voluminosa, cuestiones periciales múltiples).

El número de personas evaluadas influye directamente: una evaluación de custodia completa (dos progenitores y menor) implica más sesiones que la evaluación de una sola persona. Cada persona evaluada requiere entrevistas, pruebas y análisis individualizados.

La urgencia puede incrementar los honorarios. Los plazos judiciales a veces requieren una tramitación acelerada que implica reorganizar la agenda del perito para priorizar el caso.

Otros factores incluyen: la necesidad de desplazamientos (visitas domiciliarias, comparecencia en juzgados fuera de la localidad), la documentación a analizar (expedientes clínicos extensos, múltiples informes previos) y la necesidad de pruebas complementarias o de contrainforme.

Los colegios profesionales publican baremos orientativos que sirven como referencia tanto para los peritos como para los tribunales. Estos baremos no son vinculantes, pero proporcionan un marco de referencia útil.

El Colegio Oficial de Psicólogos publica periódicamente baremos orientativos para diferentes tipos de peritaje psicológico. Estos baremos tienen en cuenta factores como el tipo de jurisdicción, la complejidad estimada y el número de sesiones habituales.

Los juzgados también utilizan estos baremos como referencia cuando deben pronunciarse sobre la cuantía de los honorarios del perito, especialmente en casos de impugnación de la minuta por excesiva o cuando se tasa el coste de la prueba pericial.

Un buen profesional proporciona un presupuesto cerrado antes de iniciar el trabajo. El presupuesto debe detallar: qué incluye (sesiones de evaluación, pruebas, elaboración del informe, ratificación), el plazo estimado de entrega y las condiciones de pago.

En nuestra práctica, proporcionamos un presupuesto detallado tras la consulta inicial gratuita. La ratificación judicial está siempre incluida en el precio del informe, sin costes adicionales. No hay sorpresas ni costes ocultos.

Recomendamos solicitar presupuesto a varios profesionales y comparar no solo el precio, sino la formación del perito, su experiencia en el tipo de caso concreto, qué servicios incluye el presupuesto y si la ratificación judicial tiene coste adicional.